[nettime-lat] Ginecocidio y anonimato: mujeres asesinadas en Ciudad Juárez

["ricardo dominguez" <rdom@thing.net>]

La Jornada Semanal, domingo 24 de noviembre del
2002 núm. 403
Israel Covarrubias González
el estado de las cosas
Ginecocidio y anonimato:
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez
Este ensayo de Israel Covarrubias se propone
contribuir a la búsqueda de "una clarificación precisa
y justa de todos y cada uno de los homicidios que
sobrepasan la cifra de 285", y que desde hace nueve
años han puesto a Ciudad Juárez al mismo tiempo en el
margen y en el centro: entre la nota roja y la
ineficiencia de las instituciones obligadas a frenar
el ginecocidio, por un lado, y el debate político y la
reflexión social, por el otro. Lo publicamos por la
incuestionable importancia que tiene actuar contra la
sinrazón y porque, como Covarrubias, pensamos que "los
asesinatos no pueden ser comprendidos y mucho menos
explicados si no se amplía el margen de análisis".
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez son un
expediente abierto a nivel local y nacional, ya que no
ha sido posible dar una respuesta coherente y
satisfactoria de los hechos probablemente iniciados en
1993. Resulta dramático que las instituciones a cargo
de garantizar la seguridad y la protección de los
derechos como la vida, rehuyan una y otra vez la
responsabilidad que les corresponde. Sin embargo, las
autoridades no son las únicas que pecan de omisión. El
tenue silencio de la sociedad juarense al momento de
exigir respuestas jurídicas y políticas a un problema
de violencia de esta magnitud, la ha llevado a
privilegiar las segundas, al punto de decidir también
construir este tipo de respuestas.
De otra forma, ¿cómo entender que a más de nueve años
del inicio de estos acontecimientos, el ritmo tanto de
los asesinatos como de las desapariciones que ahora se
cuentan por varios cientos de mujeres, en vez de
aminorar se aceleren desmesuradamente? Dudo que
alguien tenga la certeza de que, en efecto, hace nueve
años comenzó todo. Lo que ocurrió en aquel entonces
fue la institución de un umbral que hizo visible a los
asesinatos, una emergencia en el tiempo y el espacio,
pero no quiere decir que antes de 1993 no existieran.
Por lo tanto, resulta falaz suponer que somos testigos
de un fenómeno inédito. Lo relevante es que desde esa
fecha los asesinatos tomaron cualidades y
significaciones y salieron de la marginalidad que los
circunscribía a las páginas de la nota roja de los
periódicos locales.
El paso gradual de la clandestinidad social hacia un
ámbito de visibilidad que permitió su trascendencia,
ha tenido una fuerte y casi total influencia de las
percepciones sociales de los distintos actores sobre
los asesinatos. Uno de los argumentos principales de
este artículo se encamina al análisis de dichas
interpretaciones. Asimismo, argüimos que son las
dinámicas de las estructuras sociales, junto a una
suerte de seducción social por la violencia en
momentos de cambio político, los principales elementos
sociológicos y políticos que, lejos de exaltar o
recriminar, pudieran permitir una mejor comprensión de
la violencia.
La sorpresa -y esto sí es nuevo- es que no existe un
actor único, responsable de la violencia. Todos lo
son, pero ninguno acepta sus vergüenzas: si los
responsables son todos y ninguno, las respuestas y las
explicaciones devienen todas y ninguna. En un juego de
aceptaciones y rechazos, la verdad desnuda perdió su
sentido como objetivo final, pues la verosimilitud de
los discursos y las acciones de los personajes y
actores sociales que han participado, tomó por asalto
el lugar de los fines: algunas veces escondiéndose,
otras desapareciendo; algunas más expresando
públicamente su hartazgo o intentando influir en las
decisiones. De ahí que sea la reacción de los actores
sociales frente a los asesinatos, junto a sus usos,
abusos y disputas, los responsables de la traducción
de un cuadro parcial de los hechos, propiciando con
ello una suerte de bloqueo "no intencionado" respecto
a una clarificación precisa y justa de todos y de cada
uno de los homicidios que ya sobrepasan la cifra de
285.
Por una parte, el mapa general son los asesinatos y
algunos de sus territorios serán las percepciones e
interpretaciones sociales. En términos
fenomenológicos, diríamos que los territorios no son
la traducción exacta de la cartografía y, por ende,
siempre tendrán un margen de equivocación. El caso
ejemplar que sobresale por su insistencia es el manejo
de la cifra, convertida en una referencia central de
la cuestión y en una de las especificidades de los
asesinatos, cuando deviene común el término doscientas
mujeres asesinadas desde 1999, a pesar de que la suma
no llegaba a dicha cifra; y en el momento actual,
pudiera dinamitarse a una insistencia de la misma que
diría trescientas. Por otra parte, están las
características de los asesinatos (mutilaciones,
violaciones masivas, golpes, cercenamientos,
quemaduras) que en una sociedad que cambia devienen
más visibles y más relevantes. En tiempos de
normalidad, siempre encontramos un menor interés y
menor visibilidad de este tipo de situaciones. Pero en
un contexto de cambio político y social se vuelve
peligroso el ascenso de una fascinación social por la
violencia, en particular, en sus aspectos corpóreos,
ya que el observarla, describirla y participar de
ella, directa o indirectamente, puede terminar en
obsesión, rito, y también en vicio.
El problema de la violencia contra las mujeres en
Ciudad Juárez obliga a dar cuenta de las dinámicas y
los ámbitos de expresión de las estructuras sociales
propias de la frontera en donde ha tenido lugar. Sobre
todo, cuando asistimos al crecimiento de la
ingobernabilidad de dichas estructuras creadas por los
individuos, los grupos, las organizaciones y las
instituciones que componen la geografía política y
cultural de la ciudad. Sin embargo, el problema y sus
salidas no se agotan aquí.
LOS LÍMITES DE LA racionalidad política, así como los
estereotipos sobre la ciudad y la mujer ("ciudad de
frontera: ciudad de perdición, mujer de frontera:
libertina") que todavía encontramos a pesar de la
documentación y publicación de infinidad de informes,
entrevistas, artículos especializados, notas,
reportajes bien documentados y detallados e
investigaciones, hacen suponer que existe un carácter
permanente de renuncia, y que poco o nada se puede
hacer para detener la violencia contra la mujer. En
este sentido, la política expresa un retraso en
relación con el caso que abordamos, sobre todo cuando
fue llamada porque no existía claridad en el análisis.
Pareciera que con esto operaba una suerte de
"patología de la distancia", al suponer que sólo la
política era y es la autora intelectual de la
violencia. En efecto, existe una clara responsabilidad
de las instituciones y de su personal político en la
organización y el desarrollo sistemático de los
asesinatos, no obstante que no todos confirmen una
sistematicidad como muchos imaginan, ya que también
están los que son una expresión agregada que toma sus
raíces en otros polos. A pesar de lo anterior, los
asesinatos en su conjunto han desembocado en un
verdadero ginecocidio, que puede señalarse con
nombres, cargos, complicidades, protecciones y
silencios. Pero derivar del cinismo autoritario el
origen y el final de esta enfermedad, resulta un
ejercicio extraviado.
En Ciudad Juárez, la política presenta frágiles y
estrechos márgenes de actuación frente a los problemas
sociales generados en las últimas tres décadas, y
entre los cuales se encuentran los propios asesinatos,
lo que permite hablar de una errada y mal planeada
estrategia de control y reproducción de sus
principales canales de organización. No está de más
señalar al pri como el principal tutor de dicha
desorganización. Sin embargo, tampoco el pan logró
equilibrar las inercias del pasado cuando tuvo a su
cargo la gubernatura de Chihuahua (1992-1998).
Asistimos al ascenso de una violencia en contra de la
mujer que supera por mucho el modo de hacer las cosas
al nivel de la política y, por ende, su entendimiento
y explicación tendrán que ser buscados en otros
ámbitos y no en las instancias políticas. Los
asesinatos, a pesar de excluir en esta sede una
decantación pormenorizada de cada una de sus formas de
violencia, son un problema que adquiere la forma de
una estructura social ingobernable. Por eso es
necesario abocarse a dichas estructuras para saber qué
tanto hay de responsabilidad en ellas y qué tanto
corresponde a fenómenos sociales y de violencia más
recientes, con variadas y complejas expresiones.
Atribuir a la política partidaria una responsabilidad
directa es plausible pero no concluyente. Primero,
porque existe una coincidencia temporal entre el alba
de esta violencia y el tipo particular de régimen
político. Segundo, es necesario expresar que la
relación entre política y violencia en contra de las
mujeres es inversamente proporcional; por
consiguiente, su fuerza explicativa y comprensiva
resultan muy débiles. El tipo de régimen es una
variable contextual pero no explicativa. Debe
insistirse, aunque sólo sea una tendencia medianamente
clara, en que el ginecocidio no hubiera sido posible
si no hubieran existido grados relativos de autonomía
de los grupos generadores de la violencia frente a los
poderes legítimos. Ha sido necesaria la existencia de
una determinada institucionalidad para que la
autonomía tenga lugar. Es decir, la violencia se
presentó cuando determinada institucionalidad estaba
cambiando de rumbo y encuentra uno de sus principales
puntos de entendimiento en el momento en que la
autonomía política puede acelerarse en situaciones de
cambio político. Sin embargo, es una condición de
posibilidad, pero no total; por lo tanto, no es
suficiente.
Al perderse los principales canales de control
político, tales como la gubernatura (en 1992 con la
derrota del pri) y las principales instancias
burocráticas y de apoyo como el aparato policiaco, la
consecuencia es una cada vez mayor independencia de
los aparatos de coerción, dentro de los cuales caen
precisamente las policías. La paradoja es que éstas
aún gozan de la antigua legitimidad que por mucho
tiempo dieron charolas, armas, patrullas y uniformes,
pero sus modos de operación, otrora predecibles y
sujetos a una entidad por encima de ellas, comienzan a
ser inesperados y no deseables. Mi hipótesis es que
este proceso cubre en gran medida el panorama de los
asesinatos. Una de sus principales características en
tanto problema social, es su desarrollo en el último
periodo de vida de un sistema político autoritario. La
insistencia sobre el rubro ha sido débil y errada;
tanto, que salvo raras excepciones rápidamente cayó en
el olvido.
De ahí surge el desarrollo de fenómenos que al no
expulsar parte de la complejidad que los constituía,
se transformaron en sistemas altamente explosivos. Lo
más importante es que todos tendrán una relación
directa con los asesinatos. Cabe aclarar que dichos
fenómenos no nacieron fuera del sistema político que
los instituyó, de modo autónomo, porque el contexto en
el que cobran vida estuvo por décadas caracterizado
por una enorme heteronomía; pensar lo contrario nos
llevaría a la tesis clásica de los llamados "poderes
paralelos". Ahora sabemos cuál ha sido el lugar de los
poderes paralelos en la construcción de la política de
Ciudad Juárez y del país en general. Por eso es
obligado saber cuál es la intensidad de la relación
entre los asesinatos y la criminalidad organizada, la
migración, el industrialismo y sus consecuencias:
desintegración familiar, aborto, analfabetismo,
estridencia, pequeño infractor, alcoholismo,
drogadicción, salud precaria, ausentismo y rotación
del trabajo, problemas de hacinamiento, religiosidad,
liberación de la vida afectiva y de las formas de
vestir, relajamiento de la policía familiar, temprano
acceso al puesto de trabajo en la fábrica,
prostitución, así como la nocturnidad social propia de
las ciudades industriales.
Los asesinatos de mujeres no pueden ser comprendidos y
mucho menos explicados si no se amplía el margen del
análisis. Las descripciones y explicaciones posibles
de los tipos particulares de violencia en cada uno de
ellos, así como sus repeticiones y coincidencias,
ayudan sólo si también consideramos todos los
elementos anteriores. Por ejemplo, ¿cuántos asesinatos
han tenido relación con tráfico de drogas y
prostitución? ¿Podemos considerar en un mismo nivel de
análisis, la sanción jurídica al presunto asesino de
una mujer por asuntos de drogas que por uno de
prostitución? Pienso que no. Si únicamente insistimos
sobre el ámbito y la dinámica interna de los
asesinatos, ¿por qué asesinan a un grupo determinado
en Ciudad Juárez que toma la forma femenina? Pregunta
clásica para el criminólogo o para el periodista, pero
de difícil acceso para la sociología. Habría que
responder con otro cuestionamiento, frágil y poroso,
pero que nos acerca al núcleo central de la violencia:
¿por qué migraron a Ciudad Juárez todas y cada una de
las mujeres asesinadas? La respuesta múltiple a esa
pregunta es la causa principal de los mismos. Quien
tenga la capacidad de responder a una arista de esta
envergadura, tal vez podrá reflexionar sobre los
asesinatos desde sus causas y sus efectos y, con ello,
estar incluso en posición de lograr la cancelación
definitiva del problema.
La insistencia sobre el dinamismo interno de los
asesinatos, como las variaciones en las formas de
violencia, o bien las características de las víctimas
(edad, ocupación, fisonomía), sugieren pensar en el
deseo de encontrar las causas de los asesinatos,
responder al por qué. Un enfoque de este tipo es
correcto siempre y cuando no confundamos causas con
fundamentos. Esta sutil pero punzante diferencia es
clave para lograr una explicación que no caiga por
enésima vez en los lugares comunes que caracterizan
los análisis de la violencia en México. Veremos con
mayor detalle el caso de la concepción feminista que,
por desgracia, no ha podido diferenciar estos dos
niveles de análisis.
¿De qué hablamos al referirnos a la violencia contra
las mujeres? ¿De un delito contra la vida, definido
jurídicamente como homicidio calificado y dentro del
cual está tipificado el asesinato, al caracterizarse
por los grados de alevosía cuando es cometido? Esta es
la definición que el positivismo jurídico arroja sobre
el asesinato, con sus pretensiones de universalidad y
uniformidad, en cualquier regulación judicial moderna.
Es importante señalarlo, porque la violencia se
enfrenta con ella. Walter Benjamín decía que la
violencia era la creadora del derecho que
posteriormente la sancionaría. Pero recuérdese que no
todo derecho sanciona a la violencia. En particular,
es el derecho penal el que tiene la facultad
constitucional de imponer penas y sanciones a la
violencia.
A pesar de la frialdad de un análisis circunscrito a
los hechos, sin más convicción que clarificar y tejer
algunos de los posibles niveles de significación del
caso, es obligatorio decir que el aspecto jurídico es
el menos trabajado por los actores sociales, en
particular, los que provienen de la sociedad civil
(grupos de apoyo, feministas, académicos, familiares
de algunas víctimas). Al mismo tiempo, son las
coordenadas de los castigos y sanciones lo que permite
comprender mejor las implicaciones y los juicios, la
organización de un concepto elemental de justicia y de
la idea misma de violencia, de los encargados de las
instituciones de seguridad de Ciudad Juárez y del
estado de Chihuahua. Esta pretensión positiva en las
confrontaciones y en la definición de la violencia
también se manifiesta en los actores (feministas,
académicos, prensa y familiares) antes citados que,
paradójicamente, han realizado los esfuerzos más
serios para desentrañar las encrucijadas del
laberinto.
A pesar de la borrosidad y el particular modo de
criticar la visibilidad de la violencia, los actores
de la sociedad civil, al tiempo de reducir sus ámbitos
de significación cuando hacen uso exclusivo de la
definición jurídica de la misma, permitieron
dilatarlos al punto de disolver el desprecio normal de
las autoridades. De ahí la resonancia nacional de los
asesinatos, que superaron por mucho los contornos
culturales y políticos locales. Baste recordar los
acuerdos firmados por la Coordinadora de Organismos no
Gubernamentales en Pro de la Mujer de Ciudad Juárez y
el entonces candidato a la presidencia Vicente Fox en
abril de 2000. Las demandas fueron concentradas en
cuarenta y seis propuestas en los rubros de salud,
educación, seguridad y protección contra la violencia,
defensa de los derechos de las mujeres y su inserción
en actividades de desarrollo económico. Acuerdos que,
de llegar Fox a la presidencia, serían tomados en
cuenta y llevados a la práctica, y cuyo incumplimiento
pasa inadvertido en el conjunto de críticas a los
poderes legítimos, pues tal vez ni siquiera son
recordados.
Por otra parte, hay una "naturalización" del desprecio
por parte del poder político contra las mujeres, que
encuentra su justificación en la inflexión que nunca
deja de considerar como normal la particularidad de
este caso de violencia, al punto de transformar actos
que debieron ser castigados en actos percibidos e
interpretados como inevitables. Cuando el poder
político identifica a las mujeres asesinadas con una
presunta doble vida social, lo inevitable de la
violencia toma la forma del estigma socialmente
asignado por una visión que pretende ser hegemónica.
Cuando el gobierno estigmatiza a las mujeres
asesinadas con el argumento de que "son putas", la
consecuencia es que en Ciudad Juárez sólo existen las
madres y "las otras". Bajo ningún modelo de ética
social puede entenderse la idea de doble vida de las
mujeres asesinadas. Eso supondría que la puta
centraliza -por la sola condición de puta- el
asesinato; es decir, termina siendo víctima y verdugo
al mismo tiempo. De aquí que a la muerte violenta de
la mujer le sucedan otras muertes que erosionan con
mayor intensidad su estatuto como persona: en
especial, la parte simbólica y cultural de la mujer
masacrada en cada asesinato.
La impunidad como regla del viejo sistema político
mexicano siempre está presente en el escenario de los
asesinatos. Impunidad significa no imponer la sanción
jurídica correspondiente por una acción que transgrede
determinada ley, ya que el acto de violencia en sí
mismo no es una acción punible. En un contexto de
verosimilitudes donde cualquier juicio, exigencia o
interpretación son posibles y reales (pero ninguna
alcanza el estatuto de monopolio), es indispensable
preguntarnos el significado de las figuras visibles
que el fenómeno da y, de igual forma, por el valor
preciso que los actores han creado alrededor de él.
Entre los puntos centrales de los asesinatos está la
acción violenta, las técnicas y modos de matar a las
mujeres. El abanico es complejo y va de violencia
sexual a mutilaciones, pasando por quemaduras, golpes
y mordidas. Al mismo tiempo, encontramos el modo
preciso de asesinar entre los cuales sobresalen el
estrangulamiento, el desnucamiento, la muerte por
bala, el acuchillamiento. Es necesario distinguir
entre formas de violencia y las formas que el
asesinato adquiere, porque no toda forma de violencia
lleva una muerte segura consigo.
Del otro lado, en el análisis de las interpretaciones
sociales sobre los asesinatos, encontramos que la
mujer termina significada con un carácter marginal al
ser identificada como "desconocida", "desaparecida",
"violada", "torturada". En vez de hablar de una mujer,
cualquiera que fuese su condición social, se hablaba
de la torturada que fue encontrada en el desierto, de
la desconocida que no tiene padre ni madre ni hermano
que la reclame, de la violada por una banda de
salteadores que tuvo la mala fortuna de cruzarse en su
camino. Las violaciones colectivas en el desierto
imputables a las dos bandas de choferes que ahora
conocemos como responsables, llamadas "los Rebeldes" y
"los Ruteros", pueden traducirse como una variante
marginal de la clásica visita colectiva en la ciudad
de la banda juvenil al burdel. Así pues, la violencia
en contra de las mujeres en Ciudad Juárez presenta
caracteres no tan nuevos como se piensa; lo nuevo es
el fenómeno social en el cual esta violencia es un
elemento distintivo importante.
Por lo que concierne a los estereotipos y etiquetas
impuestos a las mujeres, la figura de la desconocida
expresa la ausencia de referentes personales que
desemboquen en una elemental petición de justicia, ya
que no existe ni siquiera el nombre para llevar a cabo
una investigación judicial. A diferencia de la figura
del desaparecido en Ciudad Juárez, la desaparecida
reaparecía pero como cadáver. Sin embargo, esto ha
cambiado radicalmente desde 2000 hasta hoy. Las
desaparecidas son, efectivamente, personas que ya no
reaparecen. Algunos analistas lo explican como parte
de una estrategia bien definida de encaminar la
memoria hacia el olvido, pues al no encontrar los
cuerpos se pierde el sublime objeto de disputa. Esta
variación de la dinámica conlleva un grave vaciamiento
de la esfera pública en Ciudad Juárez, porque ahora
las mujeres perdieron el derecho de aparecer en la
ciudad como ciudadanas.
Un primer elemento para explicar lo antes dicho,
radica en la idea de diferencia y su relación con la
violencia. La diferencia y las constantes acciones
para borrarla deben ser un presupuesto siempre
presente para ahondar una reflexión sobre la
violencia, desde el momento en que se revela como un
carácter básico para la vida en sociedad, cualquiera
que sea su estructura (conservadora, tradicional,
moderna...).
Junto a la noción de diferencia está la importancia
del concepto de frontera. Los asesinatos han oscilado
entre los límites sociales que cualquier sociedad
impone a la violencia y las fronteras entre lo
prohibido y lo no prohibido, que en determinados
momentos serán trastocadas o redefinidas. En el caso
de Ciudad Juárez, es clave revisitar el concepto
económico de zona libre. Si bien dicho concepto estaba
ligado al de frontera norte incluyendo únicamente
intercambios mercantiles, hoy es posible incluir en él
fenómenos sociales como el que estamos considerando.
Con ello será posible profundizar sobre el propio
concepto de frontera y sus expresiones empíricas, como
conceptos y situaciones límites desde donde iniciar
una reflexión sobre la violencia: en tanto territorio
jurídico, contraste, punto de inicio y término,
relación, paradoja, vacío, diferencia, confín
(border), etcétera.
Por otro lado, no es posible seguir pensando el odio a
la mujer desde un referente único. Este tipo
particular de odio no puede inscribirse sólo en el
odio al género interpretado, según las feministas,
como acciones misóginas que van de la violencia verbal
al asesinato. Bajo el concepto de "feminicidio"
llegamos a un callejón sin salida. La violencia en
contra de las mujeres no se explica simplemente por el
hecho de que son mujeres. Si pensamos que
efectivamente es así, las agravantes más importantes
quedarán fuera de lugar. Sobre todo, la reflexión
sobre los significados actuales de la violencia urbana
y los escenarios por venir que de ello se desprenderán
al nivel del desarrollo de la vida en sociedad.
La idea de ginecocidio, que es la traducción a un
grupo determinado (mujeres) de la categoría de
genocidio, permite comprender el odio a la mujer como
un problema de diferencia y frontera y su consiguiente
proceso de des-diferenciación (borrar a la mujer como
el otro). Además, incluye elementos tales como el
desarraigo y lo que viene de "afuera" a Ciudad Juárez,
importante porque es el elemento primordial de la vida
moral de esta ciudad, conjugado con un odio de la
clase gobernante a las clases subalternas, sobre todo
en el ámbito de la subcultura industrial donde el rol
de las mujeres es preponderante. Al interior de esta
subcultura existe un odio fuertemente relacionado con
la falta de educación y la incapacidad de expresar la
vida afectiva en palabras y acciones pacíficas, ya que
las personas que arriban a Ciudad Juárez lo hacen para
trabajar, no para educarse.
Un elemento que ha permitido el ginecocidio es la
falta de conocimiento sobre el otro. Esto quiere decir
que jamás se termina de conocer al otro porque no se
le quiere entender, ni es necesario entenderlo. La
presencia del otro significa la necesidad del sujeto
de odio hacia un objeto que lo reciba mediante
agresiones o acciones de otro tipo (verbal, emocional,
sensorial o escrita). Esto es evidente en el papel del
policía, que no ha terminado de conocer al ciudadano,
o en el hombre que no termina de conocer a su pareja
lo suficiente para evitar hacerle daño. O en un
gobierno que no corresponde a las expectativas de
cambio generadas. A partir de este desconocimiento del
otro, el anonimato del asesinato corresponde a la
predisposición de no dejar de observar a la mujer como
un asunto privado que se usa públicamente, en
particular cuando la mirada de los distintos actores
fragmenta el cuerpo, las posibles causas y efectos de
la violencia, y la propia categoría de mujer.
Por último, una definición fundamental de la violencia
es aquella que la piensa como relación. Efectivamente,
también es una técnica y una acción, un acto y una
imposición, cuyo componente diferencial es la fuerza.
Al mismo tiempo, es un intercambio entre dos o más
actores, donde el infractor (sujeto de la violencia)
arrebata un elemento a su víctima (objeto de la
violencia). En el caso de las mujeres el intercambio
resulta total, porque la expropiación y la disputa es
la vida misma.
El ginecocidio en Ciudad Juárez, y el epifenómeno de
desapariciones que ahora lo circunda, nos llevan a
pensar en una estrategia selectiva, pormenorizada y
altamente precisa, de un sistema político que aún no
tolera los diferendos. Por eso es fundamental extender
los aires democráticos que actualmente vive el país
hacia la frontera norte y, sobre todo, extender el
ámbito de la decisión, pues es en el campo de aquellos
que deciden los rumbos generales del país, los lugares
o las instancias en las cuales este problema deberá


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